El juez Martínez de Giorgi consideró que las tareas de inteligencia sobre periodistas, activistas y organizaciones sociales estaban justificadas por necesidades de seguridad. La decisión consolida un criterio preocupante que amplía los márgenes para la vigilancia de la actividad política y social. Desde el CELS vamos a apelar.
Con la excusa del ‘narcoterrorismo’, Estados Unidos consolida una política hemisférica de ejecuciones extrajudiciales, en las que las personas bajo ataque no tuvieron debido proceso ni eran, a su vez, agentes de una agresión.
Presentación del CELS en la audiencia informativa de la Cámara de Diputados, convocada por el diputado Juan Marino.
La mesa intersectorial de La cocina de los cuidados presentará una propuesta para avanzar hacia un sistema de cuidados más justo, inclusivo y sostenible. La campaña convoca a un consenso de trece puntos entre organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, religiosas y académicas.
En el Boletín anual N° 2 del Observatorio del RIGI, analizamos las implicancias del régimen en conflictos territoriales históricos vinculados al avance del extractivismo y caracterizados por persistentes procesos de resistencia social.
La ocupación tradicional de los territorios fue reconocida por el propio Estado. A la derogación de las normas que protegían a las comunidades indígenas se suman obstáculos en el expediente judicial que las dejan sin herramientas para defender sus derechos: durante el último mes se les negó el acceso a la causa y llegaron al operativo sin conocer cómo se ejecutaría.
En la represión a la protesta contra la Ley de Tierras del 6 de agosto quedó fotografiado un comisario de la PFA de civil, sin identificación visible y con un arma que puede disparar tanto balas de goma como de plomo. La ocasión nos invita a hacer memoria sobre cuáles son las razones por las que esta costumbre policial fue prohibida en nuestro país.
